Las finanzas de la familia real británica vuelven a estar en el punto de mira después de que se revelara una nueva fuente de sus ingresos. Según una investigación realizada por The Sunday Times y el programa Dispatches de Channel 4, el rey Carlos III y el príncipe William obtienen millones de libras al año gracias a unas rentas comerciales o gravámenes sobre tierras heredadas desde la Edad Media.
Las finanzas de la monarquía británica siempre han generado preguntas, sobre todo después de que el príncipe Guillermo se convirtiera en Duque de Cornualles en septiembre del 2022, un título con el que obtiene más ganancias al año.
Sin embargo, ahora la incertidumbre vuelve a despertarse tras la revelación de información sobre sus prácticas financieras debido a que la misma revela cómo los ducados reales generan millones de libras anualmente gracias a arrendamientos y acuerdos comerciales con el gobierno, empresas y entidades públicas.
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Según el reportaje, los ducados de Lancaster, propiedad de Carlos III, y de Cornualles, perteneciente al príncipe William, obtienen ingresos a través de una variedad de arrendamientos, entre ellos el cobro por el uso de tierras, ríos, costas, propiedades inmobiliarias y hasta recursos naturales.
Los acuerdos incluyen pagos por el uso de infraestructuras como puentes, transbordadores, gasoductos, eólicos y terrenos para la minería. Incluso el Servicio Nacional de Salud (NHS) paga al Ducado de Lancaster por el alquiler de un aparcamiento para ambulancias, lo que ha levantado una gran polémica.
Según revela la investigación, el propósito de dichos pagos es generar fondos para el soberano y el heredero, de manera que Guillermo de Gales recibió más de 23 millones de libras, mientras que el rey recibió 27 millones de libras de su ducado en el último ejercicio fiscal.
Si bien los miembros de la familia real británica pagan impuestos sobre la renta derivados de estos ingresos, las ganancias de sus propiedades permanecen fuera del alcance de los impuestos corporativos y sobre ganancias de capital.
En este contexto, la baronesa Margaret Hodge, expresidenta del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes, ha pedido una revisión urgente de estas prácticas fiscales, sugiriendo que los ducados deberían pagar impuestos corporativos como cualquier otra entidad comercial.
Por otro lado, el programa Dispatches ha señalado que los contratos de algunos de estos ducados con empresas mineras también plantean preocupaciones ambientales, además, la opinión pública ha argumentado la injusticia de estas prácticas, además de que algunos críticos consideran que tanto el rey Carlos III como el príncipe Guillermo, debería reconsiderar sus prácticas financieras.
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