El actor James Franco accedió a pagar 2.2 millones de dólares en un acuerdo por una demanda que afirma que intimidó a estudiantes en una escuela de teatro y cine que fundó, llevándolos a situaciones sexuales injustificadas y abusivas, señalan documentos judiciales hechos públicos el miércoles.
Este pago también lo aceptaron otros implicados.
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Tanto la parte acusada como los denunciantes llegaron al acuerdo para la demanda colectiva en febrero, pero se necesitaron varios meses para resolver los detalles y la suma monetaria no había sido revelada previamente. Las actrices y exestudiantes Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes presentaron la demanda primero en octubre de 2019, a la que se sumaron muchos más, afirman que en su extinta escuela, 'Studio 4', James Franco obligaba a sus estudiantes a realizar escenas sexuales cada vez más explícitas en cámara en un “set tipo orgía” que iba mucho más allá de lo aceptable en los platós de cine de Hollywood.
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Fue en marzo de 2020 cuando James Franco negó las acusaciones. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por "People", James Franco dijo que las exalumnas estaban “hambrientas de atención“: "Esta demanda es una parodia de la justicia y la culminación de una campaña sin mérito que ha empañado injustamente la reputación duramente ganada de un hombre decente”, reveló el actor de "Pineapple Express" a la revista.
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Incluso, durante una ceremonia de los Golden Globes, el actor acusado fue objeto de críticas por parte de celebridades, quienes expresaron su indignación al ver que James usó la insignia del movimiento mientras pasaba por escándalos de abuso y acoso sexual.
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Ambas partes accedieron a emitir un comunicado conjunto, dio a conocer la agencia AP. “Aunque los acusados siguen negando las afirmaciones en la denuncia, reconocen que los demandantes han planteado asuntos importantes; y todas las partes creen fuertemente que es un momento crucial para enfocarse en atender los malos tratos contra las mujeres en Hollywood”, señala el comunicado. “Todos están de acuerdo en la necesidad de asegurar que nadie en la industria del espectáculo, sin importar su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, género u orientación sexual enfrente discriminación, acoso o prejuicios de cualquier tipo”.
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Los acusadores señalaban que James Franco “buscó crear un flujo de jóvenes mujeres que eran sujetas a su explotación sexual personal y profesional en nombre de la educación”, y que los estudiantes eran llevados a pensar que tendrían papeles disponibles en las películas de Franco para aquellos que siguieran la corriente. La compañía productora de Franco Rabbit Bandini y sus socios, incluyendo a Vince Jolivette y Jay Davis también fueron nombrados como acusados.
El acuerdo incluye términos “no económicos” que no se hicieron públicos. Fue presentado a un juez de Los Angeles para su aprobación.